Copia Privada

La copia privada es un límite al derecho exclusivo de reproducción o copia de las obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual que la ley concede al titular de esos derechos. Según establece la Ley de Propiedad Intelectual, solamente el titular de los derechos puede autorizar que sus obras sean copiadas o utilizadas para otros fines.

Que las personas físicas puedan mediante equipos, aparatos y soportes idóneos realizar copias para uso privado sin ánimo de lucro a partir de una fuente lícita de obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual sin necesidad de tener que contar con la autorización del titular de los mismos. Es decir, gracias a la introducción de este límite en la legislación española los ciudadanos pueden realizar y disfrutar legalmente de copias de obras musicales, literarias, cinematográficas, etc.

Para compensar el daño económico que supone la realización de copias para uso privado que el límite de copia privada permite que se hagan las personas físicas. Esta compensación es un exigencia de la legislación de la Unión Europea: para que los usuarios tengamos la posibilidad de hacernos una copia en lugar de comprar otro original, y así poder acceder a una obra musical, literaria o cinematográfica que ya no compramos pero que sí disfrutamos, la Directiva comunitaria que regula esta materia exige compensar a los titulares de derechos.

El Gobierno aprobó promovió el Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, que regula la copia privada, sustituyendo un modelo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por un modelo basado en el pago de un importe a satisfacer por los fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción en línea con lo legislado en la práctica totalidad de países de la Unión Europea.

Los fabricantes en España, en tanto actúen como distribuidores comerciales, así como los importadores de los equipos, aparatos y soportes de reproducción para su distribución en territorio español.

Igualmente, deberán abonar la compensación respecto a los equipos, aparatos y soportes de reproducción adquiridos por los distribuidores, mayoristas y minoristas a quienes sus proveedores no les hayan repercutido y desglosado en factura la compensación equitativa por copia privada.

Autores y editores en la modalidad de libro. Artistas, intérpretes y ejecutantes, autores y productores fonográficos en la modalidad de audio. Artistas, intérpretes y ejecutantes, autores y productores audiovisuales en la modalidad de video.

Al finalizar cada trimestre natural, los fabricantes e importadores presentarán a la persona jurídica constituida por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual que la gestiona, una relación de las unidades, marcas y características técnicas de los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción respecto de los cuales haya nacido la obligación de pago de la compensación durante dicho trimestre. Con el mismo detalle, deducirán las cantidades correspondientes a los equipos, aparatos y soportes materiales destinados fuera del territorio español y a las entregas exceptuadas en el Real Decreto-ley 12/2017.

El plazo de presentación de liquidaciones para cada periodo de declaración son los siguientes:

Se deberá detallar, para cada entrega exceptuada: la fecha y número de la factura, y la denominación de la entidad adquirente que este en posesión de un certificado que acredita su calidad de exceptuada.

Los fabricantes e importadores presentarán la liquidación a la persona jurídica que las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual constituyan dentro del mes siguiente al trimestre natural autoliquidado.

Igualmente, los sucesivos adquirientes (distribuidores, mayoristas y minoristas) realizarán la misma autoliquidación respecto a los equipos, aparatos y soportes de reproducción adquiridos que no les haya sido repercutida y desglosada la compensación en factura.

Las entidades de gestión procederán a la facturación de las autoliquidaciones recibidas que deberán ser abonadas por los deudores de la compensación durante el mes siguiente al mes de presentación de las autoliquidaciones.

El formulario de autoliquidación está disponible en la página web, pudiendo utilizar las hojas Excel diseñadas por las entidades de gestión para su presentación. Estas hojas contienen una pestaña de ayuda en la que se describe el proceso a realizar por fabricantes, importadores, distribuidores, mayorías y minoristas para la debida cumplimentación en cada caso.

Tras la cumplimentación de dicho modelo, se remitirá al correo electrónico liquidaciones@ventanillaunica.digital para la tramitación de la autoliquidación.

A) Las entidades que integran el sector público según se establezca en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como por el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.

Estas excepciones podrán acreditarse:

B) Las realizadas por personas jurídicas o físicas que actúen como consumidores finales, que justifiquen el destino exclusivamente profesional de los equipos, aparatos o soportes materiales adquiridos y siempre que estos no se hayan puesto, de derecho o de hecho, a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, lo que deberán acreditar a los deudores y, en su caso, a los responsables solidarios mediante una certificación emitida por la persona jurídica que constituyan las entidades de gestión.

C) Las realizadas por quienes cuenten con la preceptiva autorización para llevar a efecto la correspondiente reproducción de obras, prestaciones artísticas, fonogramas o videogramas, según proceda, en el ejercicio de su actividad, lo que deberán acreditar a los deudores y, en su caso, a sus responsables solidarios, mediante una certificación emitida por la persona jurídica que constituyan las entidades de gestión.

D) Las realizadas por personas físicas para uso privado fuera del territorio español en régimen de viajeros. En defecto de certificación, los sujetos beneficiarios de la exceptuación podrán solicitar el reembolso de la compensación.

Las tarifas aplicables a cada equipo, aparato y soporte de reproducción se fijarán por Orden del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, a propuesta de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Con carácter previo a su aprobación será consultado el Consejo de Consumidores y Usuarios y emitirá informe preceptivo la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Hasta la primera Orden Ministerial que fije dichas tarifas, será de aplicación lo determinado transitoriamente por el Real Decreto-ley 12/2017, cuyas cuantías aplicadas a cada característica técnica de cada  equipo, aparato o soporte de reproducción figuran a continuación:

La Unión Europea ha regulado la copia privada a nivel comunitario mediante la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

Esta directiva permite a los Estados miembros elegir por un modelo en el que se permite a los ciudadanos realizar copias privadas debiendo remunerar a los titulares de derechos por el daño producido, o bien, por prohibir la copia privada de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, en cuyo caso ya no es necesaria compensación alguna.

España, al igual que la práctica totalidad de países europeos, ha optado por permitir que los ciudadanos y personas físicas puedan copiar obras protegidas por derechos de propiedad intelectual con las condiciones fijadas en la Ley de Propiedad Intelectual, debiendo para ello compensar a los titulares de derechos por los daños que dicha copias producen

La compensación por copia privada, por tanto, no es un invento español. El sistema de copia privada financiado a través de importadores y fabricantes está implementado en la práctica totalidad de los países europeos.

La copia privada no es un invento reciente. En 1954 la entidad alemana de gestión GEMA inició una batalla legal contra Grundig, empresa que había comenzado a fabricar unos equipos de reproducción y grabación de cintas de audio para uso doméstico. Entre las características del producto, Grundig destacaba que se podían “hacer grabaciones de música sintonizada desde la radio”. GEMA denunció que ese uso perjudicaría a los titulares de derechos de las obras musicales, ya que los ciudadanos podrían hacer fácilmente copias no autorizadas de las mismas. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo alemán. Y sentenció que, si bien en la ley alemana entonces vigente ese tipo de copias pertenecían al ámbito privado, los legisladores no habían podido imaginar los avances de la tecnología al redactar la norma. Como copiar obras musicales no era el único uso que se le podía dar al aparato, Grundig debía limitarse a incorporar a los equipos una advertencia sobre la posible infracción de la ley de propiedad intelectual.

GEMA consideró insuficiente para sus intereses esa resolución y demandó nuevamente a Grundig. La entidad alemana quería crear un registro de usuarios, que pagarían una tasa anual para estar autorizados a comprar los equipos de grabación. Quien no contara con dicho permiso no podría comprarlos. La corte alemana decidió que eso era ir demasiado lejos, pero determinó que la entidad de gestión podía negociar una tasa compensatoria con los fabricantes de dispositivos, no con los usuarios.

En 1965 la nueva ley de propiedad intelectual que aprobaron los legisladores alemanes otorgó explícitamente a las entidades de gestión la posibilidad de recaudar una compensación  entre los fabricantes de dispositivos de grabación de cintas magnéticas por el uso que potencialmente podría hacerse de esos equipos y como forma de remunerar por la utilización de sus obras. Como las estrictas leyes alemanas de privacidad no permitían que las empresas revelaran quién compraba sus productos los legisladores crearon una «excepción de copia privada» que abarcaba un número limitado de copias para amigos y familia. Dado que no podía saberse cómo se utilizaban las grabadoras, el gobierno alemán añadió al precio de cada aparato una compensación  que luego se repartía entre los poseedores de derechos, lo que resulta beneficioso para todos los consumidores, que pueden realizar copias privadas de las obras a un coste mucho menor que si los autores tuvieran que autorizar individualmente cada una de ellas.

Poco a poco otros países fueron adoptando legislaciones similares, y ampliando la lista de dispositivos a medida que la tecnología avanzaba.

La copia privada existe en la legislación española desde el año 1987. Desde entonces hay una excepción al límite de  reproducción de los autores que permite copiar sus obras con fines privados sin pedirles autorización previa, y también desde entonces los aparatos, equipos y soportes idóneos para realizar esas copias privadas han sido gravados con un canon para compensar a los titulares de derechos perjudicados por esas reproducciones, sean analógicas o digitales. En 2001 la Directiva 2001/29/CE estableció explícitamente la obligatoriedad de compensar justamente  a los titulares de derechos  en los países que adoptasen en su legislación nacional la excepción al límite de copia privada.

También en la mayoría de países de Latinoamérica se ha planteado, con distinta intensidad, la necesidad de reconocer a los titulares de derechos de autor y derechos conexos una remuneración compensatoria como consecuencia de las pérdidas que sufren al encontrarse legalmente admitida la excepción o limitación de copia privada.